El pasado martes 8 de junio internet sufrió una "caída" a nivel mundial. El origen fue un error técnico de un servidor en los EEUU, que provocó que varias de las webs más visitadas del mundo quedaran inhabilitadas. 

Entre los sitios webs afectados estaba Amazon, varios de los diarios digitales más leídos del mundo (Financial Times, BBC, The Guardiam, New York Times, Le Monde, etc), la red social Twitch (a través de la que muchos creadores de contenidos se ganan la vida), Spotify, Twitter, el sistema de pago PayPal, y otros. 

En España se reportaron problemas en los sitios webs de periódicos como El País o El Periódico de Cataluña; también se detectaron errores con Netflix, Google o Youtube, además también con operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Jazztel o Yoigo, entre otros. Aún más grave puede parecer que aparecieran problemas en las webs del Banco Santander, La Caixa, ING Direct, Bankia, etc. Microsoft no se quedó al margen detectándose problemas con Office 365, el servidor de correo Outlook, o Microsoft Teams. 

Aparte de estas webs de tipo comercial o privado, varias webs de administraciones públicas también dejaron de funcionar, haciendo imposible realizar buena parte de los trámites que son posibles a través de éstas, siendo los casos más sonados la web de la Casa Blanca, o del gobierno británico. 

La tendencia creciente de gestiones a realizar a través de medios telemáticos ha crecido exponencialmente desde la pandemia mundial de Covid19, y cada vez están restringidas las opciones de realizar gestiones de forma presencial, tanto en el ámbito privado (entidades financieras por ejemplo) como en el ámbito público. A esto se suma el incremento de personas que teletrabajan, aunque sea de forma parcial. 

Todo ello, implica que una caída generalizada de internet puede provocar un colapso en nuestra vida diaria que nos puede dejar sin recursos para llevar a cabo las gestiones más esenciales de nuestro día a día, o por ejemplo, nos puede impedir trabajar. 

A día de hoy el Servicio Universal de Telecomunicaciones dispone que cualquier persona a territorio español tiene derecho a acceder a internet de forma funcional. La Ley de Economía Sostenible, dispone, que a partir de 2012, la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas con capacidad de acceso funcional a Internet, garantizada por el Servicio Universal de Telecomunicaciones, deberá permitir comunicaciones de banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mb / s. El Servicio Universal sería comparable al derecho a un acceso a un servicio básico como por ejemplo, la luz o el agua. 

Permitir 1 Mb, no significa que en la práctica las personas usuarias tengan garantizado 1 Mb de velocidad de bajada, y en la práctica, es una velocidad ínfima que a día de hoy no permite operar por internet con un mínimo de fluidez y garantías, por lo que, a día de hoy podemos concluir que un servicio absolutamente esencial para la ciudadanía, y que la falta de este puede suponer un descalabro importante en nuestra rutina, no está garantizado como un derecho básico. 

Que en el año 2021 disponer de conexión a internet, útil y operativa, que permita realizar de forma efectiva las gestiones necesarias, y por otra parte, a menudo difícilmente realizables por otros medios, no sea un derecho básico de la ciudadanía, nos hace plantear que, como en tantos otros casos, existe un problema anacrónico muy importante entre las necesidades de la ciudadanía y la legislación. 

Por otra parte, el problema técnico que ha causado esta "caída" mundial tiene origen en la nube de la empresa Fastly, el sistema informático que funciona como columna vertebral de internet, y que almacena miles de millones de datos de los usuarios . Que un problema en este sistema pueda hacer caer tantos sitios webs de gran importancia también debería hacer plantear la posibilidad de que exista un problema de centralización excesiva en manos de una sola empresa.