A simple vista, muchas de las etiquetas que adornan los productos en el supermercado – “eco”, “sostenible”, “respetuoso con el planeta” – pueden parecer un paso en la dirección correcta. Pero ¿cuántas de ellas se basan realmente en datos objetivos? ¿Cuántas son simplemente reclamos vacíos?

Ante una creciente oleada de confusión, prácticas empresariales dudosas y promesas ambientales sin respaldo, el Gobierno ha decidido actuar. O al menos, eso promete con la futura Ley de Consumo Sostenible, una norma aún en construcción que pretende poner orden en la jungla de etiquetas verdes.

El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y recogido en el Plan Normativo 2025, pretende ser la piedra angular de un nuevo marco legal que prohíba las alegaciones ambientales vagas o no verificables, las considere competencia desleal, obligue a las empresas a justificar con datos contrastables sus mensajes sobre sostenibilidad, promueva el derecho a reparar productos y refuerce la transparencia para facilitar al consumidor una elección más informada y consciente.

Con esta norma, palabras como “biodegradable”, “carbono neutral” o “producto verde” no podrán utilizarse a la ligera. Las empresas deberán demostrar, mediante informes públicos y estándares verificables, que sus productos cumplen con los compromisos que publicitan.

Además, si se confirma el espíritu actual del proyecto, quienes incumplan estas obligaciones se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros o, en algunos casos, el 4 % del volumen de negocio anual.

La legislación europea ya ha advertido sobre la magnitud del problema: según datos de la Comisión Europea, más del 80 % de las webs y anuncios analizados contienen alegaciones ambientales, pero en casi la mitad de los casos existen sospechas fundadas de que puedan ser engañosas o imposibles de verificar. En este entorno, incluso las empresas que hacen las cosas bien pueden quedar relegadas en un mercado en el que “parecer sostenible” genera más beneficios que “serlo de verdad”.

Este desajuste no solo distorsiona la competencia: erosiona la confianza ciudadana y frena la transición ecológica. Por eso, distintas entidades han exigido que la ley vaya más allá de una declaración de intenciones. Entre las propuestas destaca la creación de un organismo independiente que vigile el uso de etiquetas verdes, evalúe campañas de marketing y dé voz a las denuncias colectivas de personas consumidoras.

La fase de consulta pública finalizó en marzo de 2024. Desde entonces, el anteproyecto espera su transformación en texto articulado y su paso por el Consejo de Ministros. El margen de tiempo es ajustado: aunque la directiva europea más avanzada (2024/825) da plazo hasta marzo de 2026, las organizaciones temen que el retraso nacional frene su impacto real.